JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia difirió para el próximo 27 de mayo la audiencia oral y pública relacionada con el antejuicio de mérito que el Ministerio Público interpuso contra el gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, por presuntos hechos de corrupción.

La decisión la adoptó ayer la instancia integrada por los 32 miembros del Máximo Juzgado, tras dos horas de deliberación; y luego de que el mandatario regional realizara la solicitud de aplazamiento, minutos antes de que el acto se iniciara. El motivo: Apenas ayer Giménez juramentó a sus abogados, el ex fiscal José Benigno Rojas y Gering Páez, y éstos no habían podido revisar el expediente, por lo tanto no podían garantizarle su derecho a la defensa.

La petición fue atendida. Sin embargo, los magistrados no dejaron pasar el hecho de que el gobernador no estuviera presente en el auditorio del TSJ al momento de iniciarse la sesión extraordinaria, la cual comenzó a las 10:34 de la mañana, más de media hora después de lo previsto, y en su dictamen le advirtieron que "la no comparecencia del imputado y sus defensores (el próximo martes) no obstará para la celebración" de la audiencia.

Esta puntualización fue rechazada por la magistrada Blanca Rosa Mármol, quien emitió un voto concurrente en el que recordó que la legislación venezolana prohíbe los juicios en ausencia.

El aplazamiento fue aplaudido por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien calificó de "correcta" la decisión, pues así se le garantiza a Giménez sus derechos a la defensa y al debido proceso.

Por su parte, el gobernador aseguró que comparecerá el próximo 27 de mayo, pues "creo en las instituciones y creo en el Dios todopoderoso, yo creo que la verdad saldrá a flote ese día".

En predios del TSJ la estrategia del mandatario yaracuyano no sentó bien. Algunos magistrados consultados no dudaron en señalar que la misma "es la conducta típica de la persona que se sabe culpable y que no quiere ser juzgada".

Otros, por su parte, no descartaron que lo ocurrido ayer sirva a la Fiscalía como argumento para solicitar el arresto preventivo del funcionario, de autorizarse su enjuiciamiento por los delitos de peculado, evasión de proceso licitatorio y concierto con contratista.