JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
El "convenio de no agresión" que el gobernador de Guárico,
Eduardo Manuitt; y el alcalde de Zaraza, David Fares, firmaron
y que el primero consignó el jueves en la Secretaría
de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para evitar
ser procesado por golpear al mandatario local "no tiene efecto
jurídico".
Ese es el criterio del Ministerio Público, instancia
que sustenta su posición en lo contenido en el artículo
40 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Dicha
norma señala que las partes en una disputa (víctima
e imputado) podrán llegar a acuerdos o pactos en la fase
de investigación.
"El documento no tiene validez porque no estamos en la etapa
preparatoria. Sólo una vez que el TSJ declare que hay
méritos para enjuiciar a Manuitt y entonces se le pueda
citar para imputar estaremos en esa fase", precisó el
informante.
Esas mismas fuentes de la Fiscalía recordaron que el
COPP también reserva los convenios reparatorios para
delitos "exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles
de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos
culposos contra las personas, que no hayan ocasionado la muerte
o afectado en forma permanente y grave la integridad física
de las personas".
"Este caso ni se trata de una investigación por daños
a los fondos del Estado ni se puede considerar que un golpe
directo a la cara es un accidente. Además el Ministerio
Público ya mostró interés en investigar el
suceso", agregó el confidente.
Detalles del pacto
Ayer la Fiscalía obtuvo copia del escrito que Manuitt
y Fares suscribieron el 14 de mayo y que fuera consignado
ante el Máximo Juzgado del país.
El texto fue legalizado el mismo día que fue suscrito
por la notaria 3 del municipio Libertador, Fabiola Castro,
en la Universidad Central de Venezuela.
En el acuerdo, ambos funcionarios "declaran que con motivo
de los hechos (el altercado que protagonizaron en junio de
2007 en la sede del Ministerio de Finanzas, donde el gobernador
guariqueño golpeó en la cara al alcalde de Zaraza)
nada tienen que reclamarse al respecto, en razón de lo
cual renuncian al ejercicio de cualquier pretensión civil,
penal o administrativa, presente o futura".
La petición de antejuicio de mérito que interpuso
la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el pasado 22 de
abril todavía no ha sido admitida a trámite, pues
la ponente del caso, magistrada Miriam Morandy (Sala Penal),
está analizando si cumple los requisitos legales para
ello o no.
En el TSJ aseguran que el asunto será analizado en dos
semanas.
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