Maracaibo.- Un grupo de estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ), que dijo representar a 7.800 alumnos de los programas de profesionalización, acudió ayer a la Defensoría del Pueblo para denunciar que fueron excluidos de la lista de votantes de los comicios internos a celebrarse el 22 de mayo y exigen la revisión de la medida.

De no recibir respuesta favorable, anunciaron que irán a Caracas para introducir un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que suspenda las elecciones.

Noel Navarro, candidato al Consejo Universitario y estudiante de la Escuela de Contaduría acusó a los miembros del Consejo Universitario y al rector, Leonardo Atencio, de desconocer su derecho al voto y por eso solicitan una reconsideración de la medida.

Recordó que ellos ya tienen "un derecho adquirido" porque han votado en más de dos procesos. "No puede ser que ahora, porque al rector se le ocurrió, esto se cambie". Exigen para el día 22 un operativo de seguridad para evitar se repita la violencia de los últimos días.

Maura Palencia, estudiante de Trabajo Social, señaló: "No sabemos cuáles son las razones, pero se nos está cercenando un derecho constitucional. Hacemos peso y seguramente eso favorecerá a un grupo con el que el rector no está de acuerdo".

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, afirmó ayer que los promotores de la violencia en LUZ son "un grupo minoritario" que busca "sabotear" las elecciones y para nada les preocupa los resultados de los comicios y obtener cargos por esta vía, porque lo único que les interesa es seguir controlando "un negocio" que mantienen a través de Fontur (Fondo de Transporte Urbano) con los tickets estudiantiles subsidiados.

"Ahí hay un gran negocio del Gobierno Nacional", afirmó Rosales, quien acusó a "dirigentes estudiantiles corrompidos" de estar tras los disturbios y el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Denunció que esas bombas "salen de la Policía Regional y de la Policía de Maracaibo".

Ayer, el comisario Jesús Cubillán, director de la Policía Regional, informó que un funcionario activo de ese cuerpo, de nombre Carlos Martínez , está implicado en la distribución de bombas detonadas en LUZ. Ayer fue puesto a disposición de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público y fue destituido de su cargo.