-¿No es contrasentido que sancionados por delitos administrativos puedan decidir qué hacer con el presupuesto de gobernaciones y alcaldías?

-Si existe alguna persona que cometió una irregularidad administrativa que suponga corrupción administrativa, esa persona debe estar presa. Este no es un tema sobre la defensa de actuaciones administrativas incorrectas, estamos hablando que si una persona cometió un delito de corrupción, debe estar presa, y eso lo debe dictaminar un tribunal. Si alguna de las personas que están esa lista, es corrupta, entonces la actuación corresponde a la Fiscalía para juzgarlo. Hasta tanto eso no suceda son ciudadanos con todos sus deberes y derechos.

-¿No teme que el oficialismo le acuse de proteger corruptos?

-No. No lo temo. Mi posición es muy clara. Si alguien es corrupto debe estar preso. Y la decisión de encarcelar a alguien la tiene que tomarla un tribunal, ¿Sabes qué es terrible? Que se suspendan derechos políticos a ciudadanos porque no rindieron viáticos, o porque hicieron aprobar un seguro para unos trabajadores. Y si alguna de esas actuaciones constituye un delito, la persona debe ser juzgada. El artículo 25 de la Constitución establece que es responsabilidad de todos los funcionarios del Estado velar por la constitucionalidad y que quien no lo haga es cómplice de un delito. Yo no voy a ser cómplice de un delito de violar la Constitución. EM